¿Enaltecimiento de qué? A propósito de la ficción y las leyes

(Arturo Casas, EsCULcA, Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades)

Enaltecer es verbo transitivo, como todo el mundo sabe. Se enaltece algo y ese algo es lo que la gramática llama complemento directo. De entrada, el objeto posible de enaltecimiento, en términos semánticos, es tan amplio como el mundo. Igual que uno puede aborrecer prácticamente cualquier cosa, igual que una puede adorar asimismo innumerables referentes, en principio sería factible convertir en objeto de enaltecimiento una variedad incontable de entidades. Los títeres, por poner un caso. Enaltecimiento de los títeres, cabría pensar. Recuérdese ahora Éloge du théâtre, de Alain Badiou.

Sin embargo, en el lenguaje jurídico y sobre todo en el lenguaje mediático-político de control social e ideológico, lo que se enaltece por antonomasia, y casi por exclusión léxica, es el terrorismo, nombre del mal absoluto en estos tiempos simples. Para otros objetos se buscan otros verbos. Honrar, por ejemplo. “Honrar a las víctimas”, se dice. Y está bien que se haga. Sobre todo cuando de verdad se honran (no se utilizan) y se honran todas. La cuestión es que, por lo que se acaba de señalar, enaltecer es hoy por hoy un verbo manchado, bajo sospecha.

Qué sea el terrorismo, por otra parte, dista de ser cuestión de delimitación sencilla. Nunca lo ha sido, pese a lo cual hay quien lo tiene clarísimo. Normalmente, el Estado y sus aparatos lo tienen. Todo estado suele tenerlo claro, de hecho. Y de esa claridad, de nuevo normalmente, el abuso oscuro, el ejercicio acusatorio represor, el control en ocasiones criminoso de las libertades.

Se puede afirmar en general, contemplando este mundo nuestro catalogado como occidental y transmoderno, que otro concepto que hasta no hace mucho tiempo tuvieron claro el Estado, los legisladores, los jueces, el sentido común popular e incluso la policía fue el de ficción. Solíamos creer que existían dos formas de intervención en el espacio público que dejaban en suspenso provisional la responsabilidad de expresar algo (la opinión, por ejemplo, la discrepancia, la más ácida de las críticas políticas o la sátira).

Una de esas formas era la asociada a determinados fenómenos festivos y celebratorios, parateatrales a fin de cuentas. El mejor ejemplo, y supo explorarlo muy bien el ruso Mikhaíl Bakhtín, es el del carnaval. A ningún policía se le ocurría hasta hace no tanto detener a nadie durante la celebración del carnaval. Dijera lo que dijera, vistiera lo que vistiera, manifestase lo que manifestase en las distintas variantes de los lenguajes verbales y visuales activados. Y ello pese a que lo propio del carnaval es justamente el exceso, la diatriba, el dicterio. No se hacía eso. Pero ahora ya se hace. Se hizo en Ourense (Galicia) el pasado febrero en las fiestas de carnaval, por caso. Un ciudadano disfrazado de titiritero, con el ya célebre cartel de “Gora Alka-ETA” en el pecho, fue denunciado por la policía ante la Audiencia Nacional española por enaltecimiento del terrorismo.

La segunda forma que quedaba al margen era la transmitida, en términos de comunicación, como manifestación artística. Si en una farsa, por ejemplo, un personaje gritaba de repente “¡Muerte al rey!” o “¡Muerte a los ciegos!” a nadie se le ocurriría pensar que fuera a aparecer un funcionario policial para detener a la actriz. Ni siquiera para llevarse detenido al personaje que esa actriz representase (?). Sería de locos hacerlo. Ningún rey, ninguna organización de ciegos se personarían nunca como parte. Sería absurdo hacerlo, sí. Los actores y las actrices, los disfrazados todos tenían licencia para hablar. De eso obtuvieron notable partido estético y metateatral Shakespeare, Cunqueiro y Jelinek, entre tantos otros. A mayores, policías y juezas, alcaldesas y ministros lo asumían con meridiana claridad, como diría un primer ministro español.

Todo el mundo recuerda que eso mismo —esa idea— fue lo que, pese a las puntillosas argumentaciones de Ernest Pinard, el abogado imperial, acabó triunfando en el juicio a Gustave Flaubert por el doble delito de ofensa a la moral pública y a la moral religiosa (lo cual equivaldría tal vez a un enaltecimiento de la indecencia) constituido supuestamente de cabo a rabo por su novela Madame Bovary. Baudelaire tuvo problemas semejantes por las Flores do mal, Joyce por su Ulises, y Curros Enríquez por el Divino Sainete. Todo esto hace mucho tiempo, casi siempre en el siglo XIX.

El caso fue que el abogado de Flaubert, Jules Sénard, puso al mundo sobre una pista aparentemente irrefutable que mucho tiempo después asumiría como dogma esa disciplina de base estructuralista que llamamos narratología. Para ser breves podría formularse así: lo que afirme un personaje es cosa suya; aquello que exprese discursivamente o a través de sus actos no es nunca constitutivo de persecución por la ley. Y aun más: lo que afirma o expresa el narrador de un relato entra en ese mismo orden de actos de habla porque lo suyo es ser ficcionales, fictivos. Así, los actos de habla en una novela o un montaje teatral no forman parte del mundo real. No son mundo real. Y no solo porque los enuncien entidades pertenecientes a mundos de ficción (los personajes, el narrador) sino además porque el acto comunicativo todo en el que se enmarcan en tanto enunciación es ya de suyo ficcional. Con el cine ocurre otro tanto. Y con las artes plásticas lo mismo. Es así sin duda de ninguna clase. Era así porque así debía ser. Y lo que parece mentira es que haya que reiterarlo en este segundo decenio del siglo XXI.

Los abogados defensores de autores como los citados emplearon junto a lo anterior un argumento jurídico más en los procesos en los que debieron intervenir. El de la intertextualidad. Se adujeron párrafos de Montesquieu y Lamartine para restar peso a los argumentos contra Flaubert. De Dante y la Divina Comedia para aliviar la presión clerical contra Curros Enríquez. Lo que ellos escribieron lo habían escrito otros antes, a veces otros con buena reputación, gente fuera de sospecha. Todo discurso, al fin, sería eco de otros discursos. La cita como tal no puede ser constitutiva de delito. Eso argumentaron los letrados.

Pero todo se acaba si se deja que acabe. La defensa de las viejas y de las nuevas libertades es hoy perentoria para todos, es un deber ético y político que nadie está en condiciones de ignorar ni de aplazar. Le va la vida en ello.

¿Cómo es que unos titiriteros pasen varios días detenidos en dependencias policiales por un montaje teatral, dígase lo que se diga por parte de los personajes, las escenógrafas, los músicos o quien fuere a través de la multiplicidad sígnica que todo espectáculo presupone? ¿Cómo pudo ser todo lo que ocurrió después? ¿La retirada de pasaportes, el control obsesivo en los juzgados, la criminalización mediática? ¿Tanto silencio de tanta gente? ¿Y también los cordones de seguridad que políticos en ejercicio, algunos de ellos con patente formación y desempeño jurídicos, se vieron impelidos a activar por si las moscas (yo también denuncio, etc.)?

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Esa fue y es la gestión del miedo por parte del estado-vigía. Pero la libertad de expresión no se negocia. Se logró tras procesos históricos dilatadísimos en el tiempo. Constituye una conquista civil irrenunciable para todos nosotros. Ceder ahí es cederlo todo.

Imputar actores por lo que los personajes afirmen es quebrar un pacto sobre el que se sustenta buena parte de la actividad teatral y en general artística de nuestra civilización. Conduce claramente además a que las autoras puedan ser denunciadas por lo que diga cualquier personaje de ficción. Rosalía de Castro podría ir a la cárcel leídos hoy algunos de sus versos desde la sensibilidad prevaricadora que por ósmosis ideológica va afectando con impunidad a las estructuras de control del estado posmoderno.

Iría probablemente, sí. ¿Por enaltecimiento de qué?